La investigación contra Boluarte es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, será interrogada el martes en persona por la fiscalía en el marco de la investigación para determinar su responsabilidad en las muertes en las protestas contra su gobierno, informó el domingo la defensa de la mandataria.
Boluarte tiene “toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto, dijo su abogada defensora Kelly Montenegro al diario El Comercio.
“Si la fiscalía indica que la diligencia va a ser de manera presencial, pues irá de manera presencial”, agregó al diario El Comercio.
“Nosotros vamos a cumplir con todo lo que disponga el Ministerio Público”, dijo la letrada.
Boluarte había dicho el viernes que “yo estaré asistiendo con sumo agrado para contestar las preguntas que me hicieran”.
La fiscalía inició el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
El jefe de gabinete, Alberto Otárola (exministro de Defensa), el exministro del Interior Víctor Rojas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de gabinete Pedro Angulo, también están incluidos en la investigación a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El día de su comparecencia, Boluarte cumple tres meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta al mandatario Pedro Castillo, quien fue detenido tras ser destituido por el Congreso el 7 de diciembre luego de un fallido golpe de Estado, en momentos que que era sometido a investigaciones por presunta corrupción.
Maestro rural de 53 años y líder gremial, Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
Su caída tras 17 meses en el poder desató violentas protestas que dejan 48 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones a 2023.