El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando informó que ha desplegado equipos especializados a lo largo de más de 7 mil kilómetros de frontera en Bolivia, con el propósito de combatir el contrabando a la inversa, es decir, la salida ilegal de productos hacia el exterior. Luis Amílcar Velásquez, viceministro a carga de este trabajo, destacó la cobertura que se está proporcionando para resguardar los límites del país y evitar que bienes, especialmente alimentos, sean sacados de manera ilícita.
Según Velásquez, el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) ha asumido la tarea de vigilar fronteras clave, como las de Santa Cruz, el río Mamaré en Beni, y las fronteras con Argentina y Paraguay. Además, se han identificado 155 pasos clandestinos utilizados por organizaciones criminales para llevar a cabo el contrabando a la inversa. Estas rutas ilegales han llevado a un incremento en las medidas de seguridad en las zonas afectadas.
El Gobierno ha intensificado la lucha contra el contrabando, centrando sus esfuerzos principalmente en la salida ilegal de alimentos. Entre las medidas adoptadas está la militarización de las fronteras, lo cual se implementa como parte de una estrategia que incluye tres líneas de interdicción, explicó Velásquez. La primera de estas líneas se localiza en las fronteras de Bolivia con Perú, Chile, Argentina y Paraguay, donde operan aproximadamente 400 profesionales capacitados para combatir este delito.
La segunda línea de interdicción se enfoca en las carreteras principales y las redes viales, donde se han establecido puntos de control aduanero. Estos puntos están coordinados con grupos de reacción inmediata compuestos por personal de la Aduana y miembros del CEO-LCC. Finalmente, la tercera línea se concentra en los mercados y centros de abasto, donde el Comité de Seguridad Alimentaria tiene un papel exclusivo en el control del contrabando.
El presidente Luis Arce, en una nueva medida anunciada recientemente, ordenó la militarización de las fronteras del país para detener la salida ilegal de alimentos, que ha sido una de las principales causas del aumento de precios de productos básicos. Esta decisión busca proteger la economía interna y mitigar los efectos del desabastecimiento, en un esfuerzo por garantizar la estabilidad económica ante los desafíos actuales que enfrenta Bolivia.