By Desde este 11 y hasta el 22 de noviembre, líderes de todo el mundo se reúnen en Bakú, Azerbaiyán, para la COP29. Un año después de la cumbre en Dubai, donde se acogió unánimemente la creación de un fondo para «pérdidas y daños» y donde se llegó a un acuerdo sobre una «transición» lejos de los combustibles fósiles», que fue arrebatado en el último momento, esta nueva ronda de negociaciones espera permitir hacer realidad esas ambiciones.
Por tanto, la COP29 pondrá énfasis, por un lado, en los compromisos asumidos por cada Estado para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, todos deben presentar una nueva hoja de ruta para alinearse con el objetivo del Acuerdo de París, que pretende contener el calentamiento muy por debajo de 2°C y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C, en comparación con el período 1850-1900.
Pero la cumbre se centrará principalmente en la cuestión del financiamiento climático para lograr la liberación de miles de dólares necesarios para que los países en desarrollo enfrenten la crisis climática.
Un tema crucial para el grupo de los “países menos desarrollados”, muy a menudo en primera línea de los efectos del cambio climático, aunque son los países que menos contribuyen al fenómeno. Malawi, un país de 21 millones de habitantes, actualmente debilitado por los efectos combinados de repetidos ciclones y una sequía histórica debida al fenómeno de El Niño, es este año el portavoz de este grupo.
Las necesidades mundiales de «financiación climática» se estiman en 10.000 millones de dólares al año (aproximadamente 9.329 millones de euros) entre 2030 y 2050, según un estudio de la Climate Policy Initiative.
Frente a los aproximadamente 1.300 millones (aproximadamente 1.212 millones de euros) gastados en 2021-2022. Las necesidades de los países en desarrollo en concreto ascenderían a 2.400 millones de dólares (2.239 millones de euros) al año hasta 2030, según expertos encargados por la ONU, según los cuales solo se movilizaron 550.00 millones (513.000 millones de euros) en 2019.
Algunos países en desarrollo ya están pidiendo más de 1.000 millones de dólares al año (932 mil millones de euros), diez veces más que los compromisos existentes. Con motivo de la Conferencia Ministerial Africana sobre Medio Ambiente, organizada en Abiyán, Costa de Marfil, en septiembre, los países africanos anunciaron una cantidad aún más ambiciosa de 1.300 millones de dólares al año (1.212 millones de euros).
«Los 100.000 millones de dólares iniciales se determinaron sin cálculos adecuados. A partir de ahora, esta cifra tendrá que basarse realmente en las necesidades reales de los países en desarrollo», insiste Yamikani Idriss, responsable de cuestiones medioambientales en el Ministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático. Malawi y negociador de Malawi y los PMA en las COP sobre el clima.
“Más allá de las cifras, habrá que planificar cómo y cuándo se asignará este dinero”, prosigue el negociador climático. Los 100.000 millones de ayuda desplegados hasta 2022 son muy criticados porque dos tercios de ellos consisten en préstamos, a menudo a tipos preferenciales, acusados de alimentar la deuda de los países pobres.
«La mayor parte de estos fondos debería concederse en forma de subvenciones. No necesitamos más préstamos. Nuestro pueblo está sufriendo y no debería soportar una carga adicional», explica Yamikani Idriss, recordando que un país como Malawi, por ejemplo, ya está muy endeudado.
«Pedimos que estas donaciones respondan a la responsabilidad histórica de los países desarrollados en el cambio climático. Por lo tanto, deben apoyarnos sin compensación (…)También tendremos que discutir cómo garantizar que estas donaciones se paguen donde más se necesitan», continúa, evocando, por ejemplo, destinar parte de los fondos directamente a las autoridades locales.
La nueva dotación debe tener «en el centro» una base sólida de financiación pública, con una parte significativa de donaciones o préstamos a tipos preferenciales, instó el jefe de la ONU sobre el Clima, Simon Stiell.
«También creemos que debemos tener un fondo especial, que se nos debe proporcionar mediante un procedimiento simplificado y en ningún caso debemos contribuir financieramente», remarca además Yamikani Idriss.
Las naciones desarrolladas, que han asumido la responsabilidad del objetivo de 100.000 millones de dólares, hacen campaña para ampliar la base de países contribuyentes incluyendo a los «nuevos contaminadores»: China, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, India.
Los expertos sostienen que esos países han experimentado un despegue económico en los últimos treinta años –acompañado de emisiones de CO₂– y tienen los medios para pagar.
Pero en realidad, la base de contribuyentes al financiamiento climático ya es más amplia. Bilateralmente o a través de bancos de desarrollo, China, los Emiratos y Arabia Saudita ya contribuyen significativamente a esta financiación. Pero rechazan la posibilidad de cualquier acuerdo vinculante.
//France24
