By admin
El Estado boliviano fue notificado por La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, con un fallo en favor de la empresa suiza Glencore Finance, a la cual Bolivia deberá pagar $us 253,5 millones por la nacionalización del complejo metalúrgico Vinto y la mina Colquiri.
Sería la decimotercera demanda perdida por Bolivia en La Haya, con un costo cercano a los $us 1.000 millones, según un informe de la Procuradoría General del Estado, a solicitud de la bancada opositora Comunidad Ciudadana.
Sin embargo, los daños de la nacionalización de las empresas capitalizadas van más allá de meros números contables, según los economistas Jaime Dunn y Gonzalo Chávez, quienes coinciden en que se continúa ahuyentando la inversión extranjera directa, con un efecto inmediato en las empresas bolivianas.
De acuerdo con datos que maneja Dunn, Bolivia ha sido el único país latinoamericano, en 2022, que ha tenido inversión extranjera negativa. “Han salido del país más de 980 millones de dólares, de los cuales 650 era del sector de hidrocarburos, por eso no hay gas. Tenemos este daño económico de 1.000 millones de dólares, pero se hace mucho más cuando se ahuyenta la inversión extranjera, es un daño irreparable que se le ha hecho al país”, expresó.
Al mismo tiempo, advirtió que hasta fin de año “se vienen un par de casos más”, como los de las ex administradoras de fondos de pensiones (AFP), que pasaron a manos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. “Además, un fallo se alimenta del otro y, como ya hay un antecedente jurídico, eso va a animar a otros”, expresó.
ALGUIEN TIENE QUE PAGAR
El abogado constitucionalista Ciro Áñez, apuntó que, si el Estado boliviano no cumple el Laudo, incurre en responsabilidad internacional. “Dicho laudo puede ser ejecutado donde el Estado deudor tenga bienes en cualquier país, como ser cuentas bancarias internacionales”, explicó.
De acuerdo con Áñez, en el supuesto de que llegara a consolidarse el pago correspondiente, se debería estudiar la posibilidad de una acción de repetición contra aquellos que causen daños económicos al Estado, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución Política del Estado.
JABV
