EN LA MIRA

El analista e investigador en temas mineros, Héctor Córdova señaló que el descuento al precio del mineral que realiza la empresa a los independientes, por lo que se requeriría hacer un ajuste; o que los trabajadores se conviertan en asalariados o constituyan sus propias empresas pequeñas para asociarse

La Fundación Jubileo a través de su analista e investigador en temas mineros, Héctor Córdova, observa que la solución al conflicto de la mina Chojlla, pasa por la legalidad y la formalización de la actividad minera de todos los actores involucrados en uno de los más importantes yacimientos de wólfram del país, pero también por ajustar el precio del mineral. 
el especialista dijo que la empresa International Mining Company sustentó sus actos en la legalidad, que es difícil ponerse del lado de los extrabajadores movilizados que exigen la liquidación de sus beneficios cuando dejaron de tener una relación laboral desde 1991, y que el conflicto genera inestabilidad a los mineros asalariados, entre otros aspectos.
Sin embargo señaló que el descuento al precio del mineral que realiza la empresa al momento de pagarles a los independientes, al estar indexado a la cotización oficial, si ésta es elevada llega a ser muy alto, por lo que se requeriría hacer un ajuste; o que los trabajadores se conviertan en asalariados o constituyan sus propias empresas pequeñas para asociarse con la compañía.
El analista explicó que la empresa International Mining Company - que cumplirá este 2018, 100 años de operación en el municipio de Yanacachi- cuenta con el derecho minero para la explotación de la mina, la cual trabajó hasta el año 1991 como una empresa modelo por la tecnología avanzada en explotación de minas que internó al país, además por su notable relación obrero patronal.
Pero como resultado de la caída de los precios del wólfram y el estaño, dijo que Imco el año 1991 decidió paralizar operaciones y despedir al personal, fue cuando los trabajadores se rehusaron a quedar sin empleo.
Ante las limitaciones de la empresa de honrar las liquidaciones a los trabajadores en los tiempos que prevé la norma, Córdova dijo que los mineros establecieron un acuerdo con la empresa, de tal manera que podían explotar el mineral en áreas de Imco, como trabajadores libres e independientes, pero bajo la obligación de venderle el mineral, pero ya sin vínculo laboral con la empresa.
“La empresa les permitía seguir ocupando las viviendas, las áreas de recreación y los trabajadores se debían hacer cargo del mantenimiento (…). En el tema de salud se deslindaba de toda responsabilidad, y en educación les obligaba hacer gestiones ante el Gobierno para que pudiera seguir funcionando el colegio. A su vez, se comprometía a pagarles la liquidación en un año y un bono extra de 500 bolivianos”, explicó.
Con el acuerdo, los trabajadores conservaron su fuente de ingreso, pero sin una relación laboral, y la empresa se mantuvo vigente porque le compraba el mineral a los independientes. Como contaba con una planta de procesamiento muy buena, siguió operando hasta que los precios volvieron a subir.
“De los 211 trabajadores que habían firmado el convenio en 1991, algunos se fueron muriendo, otros se fueron; es decir, se redujeron en número, pero los hijos, sobrinos y amigos heredaron el puesto -aunque el acuerdo decía expresamente que no podía suceder eso- pero la buena voluntad del gerente les permitió ingresar también a los nuevos como si fueran parte del convenio”, mencionó.
Córdova dijo que además de la adscripción de los nuevos mineros al convenio, el precio del wólfram subió en el mercado internacional, pero se mantuvo inamovible en las pizarras del Ministerio de Minería porque la revista Metal Bulletin dejó congelado el precio en 142 dólares la tonelada larga.
“En el acuerdo se había establecido una escala de precios para el concentrado sobre el precio oficial, pero en el mercado se pagaba en mucho más, por ese congelamiento de la cotización. Entonces la empresa aplicaba el descuento del 25% al precio del mineral por las viviendas, por el apoyo técnico que recibían los independientes y el procesamiento del mineral, fue cuando algunos de los independientes optaron por vender en otra parte y eso era ilegal”, explicó.
La empresa acusó de robo de minerales a varios independientes que no cumplieron su parte del acuerdo y los llevó a la cárcel a unos cuantos. Según el especialista, estos hechos complican la relación en un “tira y afloje” porque la empresa quería hacer cumplir el convenio y los trabajadores querían aprovechar los precios altos.
“Con la nueva ley minera de 2014 se definió que solo hay tres actores mineros: los estatales, los privados y las cooperativas, y queda en entre dicho el convenio porque no puede haber un operador independiente que no sea ni Estado, ni empresa, ni cooperativa, entonces la empresa les ofrece que se constituyan en empresitas y se asocien con la Imco”, dijo.
Una parte de los independientes aceptaron la propuesta de la empresa, pero hubo un grupo de los extrabajadores solicitó que antes de constituirse en empresas, International Mining Company les pague una liquidación desde 1991, como si hubieran mantenido una relación laboral.
“El convenio que fue homologado dice que dejan de ser trabajadores de la empresa, pero querían recibir su liquidación y acudieron a las instancias del Estado y tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Minería les dijo que no correspondía”, manifestó.
Córdova apuntó que la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia  se puso en contra de esos independientes pues generaban inestabilidad laboral a los asalariados de la mina Chojlla, y que ante las contradicciones que había entre los que exigían la liquidación de sus beneficios y aquellos que buscaban la reversión del derecho minero, el ministro de Minería, César Navarro les dijo que no intercedería más por ellos y la empresa. 
Toda esta realidad dijo que muestra que la empresa se sustenta en la legalidad y mostró tener la razón; que los trabajadores necesitan ese empleo, pero tienen la ambición de querer más de lo que les paga la empresa y no dudan en salirse de lo legal; que hubo una “benevolencia” para permitir el ingreso de los más jóvenes al convenio, y que también hubo el intento de convertir a la empresa en cooperativa y quitarle sus áreas de trabajo.
“La Constitución prohíbe empresas sociales en el sector minero de manera expresa. Y entonces la situación es así de complicada”, dijo.
Dijo que ante las denuncias de los mineros de que sus casas “están un desastre”,  la responsabilidad estaba en los propios trabajadores que se comprometieron a hacer mantenimiento a las viviendas.
“Es muy difícil defender a los trabajadores en estas circunstancias porque legalmente no tienen razón, laboralmente han explotado mineral, han recibido apoyo técnico de la empresa, venden el mineral a la empresa, pero el descuento (25%) parece que es muy alto, por eso venden el mineral afuera, esa diferencia es la que genera la crisis, ahí habría que realizar ajustes, subrayó.
Entre tanto, los movilizados que se declararon en vigilia en las puertas del Ministerio de Trabajo esperan el laudo arbitral sea a su favor. Van casi 60 días en la sede de Gobierno desde que llegaron de Sud Yungas
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